Estrategias de Participación Ciudadana en la Planificación Multiescalar

Resumen

Este artículo analiza críticamente las estrategias de participación ciudadana en los procesos de planificación multiescalar, tomando como base el manual metodológico de la CEPAL (2015) y complementando con referencias teóricas y empíricas relevantes. Se examinan los principios rectores, los niveles de participación, así como la inclusión de enfoques transversales como género, pueblos indígenas y justicia ambiental. A través del análisis de casos regionales, se identifica el potencial y las limitaciones de los actuales modelos participativos, y se propone una agenda de acción para fortalecer la gobernanza democrática desde una perspectiva multiescalar e inclusiva.

Palabras clave: participación ciudadana, planificación multiescalar, gobernanza, género, pueblos indígenas, justicia ambiental, América Latina.

Introducción

En el contexto latinoamericano, la planificación del desarrollo ha retomado relevancia, no bajo las premisas centralistas del siglo XX, sino dentro de un nuevo paradigma de gobernanza multiescalar. Este modelo plantea una articulación entre distintos niveles de gobierno y actores sociales, promoviendo una planificación participativa como instrumento de legitimidad democrática y eficacia institucional (CEPAL, 2015).

En América Latina y el Caribe, la planificación del desarrollo ha experimentado un giro significativo desde enfoques centralizados hacia modelos que promueven la gobernanza multiescalar con participación ciudadana. El documento de la CEPAL (2015) plantea un marco teórico y metodológico relevante sobre cómo estructurar esta participación en todos los niveles de gestión pública. A la luz de estas propuestas, este ensayo analiza críticamente las estrategias de participación ciudadana en los procesos de planificación multiescalar, evaluando sus fundamentos, desafíos estructurales y potencial transformador. Al mismo tiempo, aborda la coordinación de objetivos y acciones entre escalas territoriales, local, regional, nacional e incluso transnacional, en un marco de diálogo democrático. A partir del análisis del documento de la CEPAL y estudios complementarios, se discuten principios, niveles de participación y mecanismos institucionales, destacando tanto sus contribuciones como sus desafíos.

Fundamentación Conceptual: Ciudadanía y Participación

La planificación multiescalar participativa se define como un proceso de definición colaborativa, coherente e integral de objetivos de desarrollo, que involucra a la ciudadanía en todas las etapas de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas (CEPAL, 2015, p. 18). En este enfoque, la ciudadanía es reconocida como sujeto soberano, titular de derechos y corresponsable en la toma de decisiones, más allá de los procesos electorales (ONU, 1948, art. 21).

La participación se configura no solo como un derecho humano, sino como una dimensión sustantiva de la democracia. Según Arnstein (1969), los niveles de participación pueden ubicarse en una escala que va desde la mera información hasta la cogestión, siendo los niveles bajos formas de "tokenismo" que no garantizan una incidencia real en las decisiones públicas.

La CEPAL establece seis principios orientadores:

• Transparencia y acceso a la información: condición esencial para la participación informada.
• Voluntariedad y no exclusión: garantías de un proceso libre y abierto.
• Equidad, reconocimiento de la diversidad y receptividad: elementos que aseguran justicia procesal y deliberativa (CEPAL, 2015, pp. 16–17).

A pesar de su legitimidad normativa —más de 20 países de la región cuentan con leyes de acceso a la información (CEPAL, 2013)—, la implementación efectiva de estos principios enfrenta obstáculos estructurales: brechas digitales, tecnicismo institucional, barreras culturales y falta de recursos en comunidades vulnerables.

Niveles de Participación e Implicancias Políticas

Los niveles informativo, consultivo, decisorio y de cogestión propuestos por la CEPAL permiten graduar el grado de involucramiento ciudadano. Sin embargo, en la práctica, los procesos participativos suelen quedarse en niveles consultivos sin capacidad vinculante, lo que reduce su impacto en el diseño de políticas (Arnstein, 1969; Font y Subirats, 2010).

Avanzar hacia esquemas de cogestión implica compartir poder con actores sociales, lo cual exige voluntad política, capacidades institucionales y marcos normativos robustos. Asimismo, debe reconocerse el carácter político de estos procesos, que no son meramente técnicos, sino que implican disputas de poder y legitimidad.

Inclusión de Enfoques Transversales: Género, Pueblos Indígenas y Justicia Ambiental

Uno de los aportes sustantivos del documento de la CEPAL es la integración de tres enfoques transversales en los procesos participativos:

• Género: La transversalización de esta perspectiva exige ir más allá de la desagregación de datos por sexo, para incorporar análisis interseccionales y presupuestos sensibles al género en la planificación pública (UN ECOSOC, 1997).
• Pueblos indígenas: El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) establecen el derecho a la consulta libre, previa e informada. Su cumplimiento efectivo sigue siendo una deuda pendiente en muchos países.
• Justicia ambiental (Principio 10 de Río, 1992): El acceso a la información y la participación en decisiones ambientales es esencial para prevenir conflictos socioambientales, especialmente en contextos de explotación de recursos naturales.

Participación ciudadana en los procesos de planificación en Verón-Punta Cana

La planificación multiescalar es entendida como expresión de objetivos, estrategias y/o prioridades que se desarrollan entre niveles del Estado, bajo la lógica de una coordinación y articulación coherente, alineada e integral.

En el Distrito Municipal Turístico de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, al Este de la Republica Dominicana, uno de los procesos que ha convocado la participación ciudadana es la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Urbanos. La ley que crea dicho Plan fue promulgada en el año 2022, su reglamento esta en fase de aplicación, y es en este polo turístico de Punta Cana la primera demarcación en aplicarse el Plan de OT.

Esto ha dado lugar a la creación de mesas de trabajo para la creación de un nuevo diseño de ciudad. Mesas de trabajo que cuentan con la participación de empresarios hoteleros debidamente representados por la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos (ASOLESTE), el Consejo de Desarrollo Municipal, las Juntas de Vecinos y otras organizaciones de la sociedad civil altagraciana.

Los temas más relevantes de participación ciudadana giran en torno a la viabilidad del transito en la zona. Punta Cana es una ciudad que ha crecido en número de habitantes y su parque vehicular ha aumentado considerablemente. Pero sus calles siguen siendo las mismas de cuarenta años atrás, esto ha generado una congestión que nos obliga a diseñar un plan de movilidad con la construcción de nuevas carreteras y el acondicionamiento de otras ya existentes. La planificación y el cumplimiento de los objetivos, así como la inversión de los recursos económicos se derivan del gobierno central.

A nivel municipal, cada año previo a la aprobación del presupuesto general de la alcaldía, se realiza un ejercicio democrático de participación ciudadana: El Presupuesto Participativo.

Mediante este acto, contemplado en la ley 176-07 sobre ayuntamientos municipales, los representantes de las juntas de vecino tienen la oportunidad de informar y solicitar a las autoridades del cabildo cuáles son las obras prioritarias para sus comunidades. Al mismo tiempo, se buscan soluciones en conjunto de los principales problemas que aquejan a las comunas, convirtiéndose en un ejercicio democrático de participación ciudadana.

Conclusiones

La participación ciudadana en la planificación multiescalar es una condición necesaria para construir sociedades más democráticas, inclusivas y sostenibles. Si bien los marcos conceptuales y normativos están consolidados, su implementación efectiva requiere superar múltiples desafíos estructurales.

Para avanzar hacia una participación sustantiva, se requiere: Fortalecer los marcos legales con carácter vinculante, generar capacidades técnicas e institucionales en todos los niveles de gobierno, establecer mecanismos de monitoreo y evaluación participativos. Además, promover una cultura cívica que revalorice lo público como un bien común.

En fin, la planificación multiescalar con participación ciudadana debe entenderse como una herramienta para democratizar el desarrollo, reconfigurar el poder institucional y garantizar una mayor justicia territorial en América Latina.

Referencias bibliográficas

• Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.
• CEPAL (2013). Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
• CEPAL (2015). La planificación participativa para lograr un cambio estructural con igualdad. Manuales de la CEPAL N° 1. Santiago de Chile.
• Comité Económico y Social de las Naciones Unidas (1997). Mainstreaming the gender perspective into all policies and programmes in the United Nations System.
• Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Naciones Unidas (2007). Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Organización Internacional del Trabajo (1989). Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
• Sodré da Silva, R. (2014). Planificación estratégica del desarrollo regional. Una experiencia del Estado de Rio Grande do Sul. Documento de trabajo ILPES.